México • Ante la falta de acuerdo del Congreso estatal para nombrar al magistrado faltante en el Tribunal Electoral de Sonora, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) designaron de manera directa a Rosa Mireya Félix López, para el cargopor un periodo de nueve años.

Esta fue la única manera que encontraron los magistrados de la Sala Superior del máximo tribunal electoral, para cumplir una sentencia previa que ellos mismos habían emitido en la que ordenaban al Congreso cumplir con su responsabilidad constitucional.

Los magistrados, Flavio Galván y Olimpo Nava, se opusieron a la designación que aprobaron los otros cinco magistrados debido a que no estuvieron de acuerdo con el antecedente, ya que actualmente, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión debe designar al Consejero faltante del IFE, así como el Consejo de la Judicatura continúa con una vacante.

En el proyecto de sentencia, elaborado por la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa, se especifica que la resolución tiene origen en tres incumplimientos del Congreso del Estado de Sonora, integrar debidamente a la autoridad jurisdiccional del estado, proceso que inició desdehace dos años y no se completado, por falta de consenso entre los partidos.

Los magistrados que integraron la mayoría, también manifestaron su incomodidad al tener que tomar esta decisión, pero privilegiaron la normalidad constitucional que requiere la integración plena de los órganos jurisdiccionales para impartir justicia, y el cumplimiento de las ejecutorias del propio tribunal.

En una sesión que se alargó más de lo previsto debido a los debates que escenificaron los siete magistrados en varios de los asuntos resueltos, se solucionaron también de manera conjunta 528 juicios ciudadanos, relacionados con los electores localizados en Quintana Roo y Campeche.

Por unanimidad, determinaron que el acuerdo emitido por el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO), en el que se establece la cartografía electoral para los comicios locales que se llevarán a cabo el próximo 7 de julio, no debe afectar el derecho de sufragio activo y pasivo de los ciudadanos.

Además podrán votar en las entidades donde estén georeferenciados por el IFE mientras se resuelve el conflicto de límites pendiente en la Suprema Corte de Justicia.

El “talón de Aquiles” del sistema judicial y de la democracia en México es la falta de capacidad para investigar delitos del fuero común o federal, que han derivado en detenciones arbitrarias y la exhibición ante cámaras de personas que después son liberadas. La evidencia no sólo son los ex funcionarios exonerados acusados de vínculos con el narcotráfico: de los más de 620 mil detenidos en el sexenio pasado por nexos con la delincuencia organizada, 80% salieron libres por falta de pruebas o bajo fianza por ilícitos menores.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), en entrevista, advierte así de la urgencia de un cambio que fortalezca a las instituciones del país, como la abolición del arraigo y reformas al fuero militar. Además, es necesario que el presidente Enrique Peña Nieto dé a conocer con detalle su estrategia de seguridad, y cómo ésta será acorde a los estándares internacionales de derechos humanos, para evitar que las violaciones graves ocurridas durante el “calderonismo” se repitan.

Expuso el riesgo de que durante la próxima reunión que sostendrán el mandatario mexicano y su homólogo estadounidense, Barack Obama, se soslaye el tema de seguridad y sólo se centre en lo económico, ya que “la situación del narcotráfico sigue siendo una amenaza de seguridad seria para México” y también hay intereses en juego para EU, así que ambos deben redefinir una política alejada de la “guerra contra el narcotráfico” que en parte financió el vecino del norte, con graves costos en derechos humanos. No pueden ignorar esta realidad, advierte.

—¿Cuál es su opinión sobre la exoneración reciente del ex zar antidrogas, Noé Ramírez Mandujano y del general Tomás Ángeles Dauahare?

—El “talón de Aquiles” del sistema judicial y de la democracia mexicana es la falta de capacidad para investigar delitos de todo orden: comunes, los cometidos por agentes del Estado, violaciones a derechos humanos y delitos cometidos por el narcotráfico. Lo usual es que se opten por soluciones de atajo, es decir, por detenciones arbitrarias, esa es la tentación normal por mostrar ante las cámaras de televisión resultados, rápidamente, en horas, y a los sospechosos principales del último crimen exhibirlos ante las cámaras para luego tener que liberarlos por falta de pruebas, porque no se ha hecho la tarea.

El experto consideró que “aquí creo que lamentablemente las autoridades judiciales actúan con muy pocos esfuerzos, las policías tanto municipales, como estatales, incluyendo la Policía Federal y la nueva policía han demostrado una capacidad bastante pobre, hasta ahora, de investigación criminal”. La única que “se salva” es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sentencias impecables.

Vivanco advierte que según las cifras oficiales “se detuvieron a más de 620 mil personas durante el gobierno de Felipe Calderón por razones de narcotráfico, más de 500 mil personas, el 80% fueron liberadas por falta de evidencias, fueron detenciones arbitrarias, porque se hacen sobre la base del abuso del poder, de la autoridad que actúa sin sospechas mínimas”.

“El arraigo fue lamentablemente una de las grandes contribuciones a estos abusos, porque genera un incentivo perverso a los servidores públicos a detener a una persona e investigar luego”, indicó.

Ciudad de México.- La Procuraduría General de la República (PGR) padece graves problemas de organización interna, falta de coordinación, incapacidad de colaboración, ausencia de visión estratégica, discrecionalidad en la asignación de plazas y funcionarios con relaciones clientelares.

Así lo revela un documento enviado al Senado por el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, quien, por ley, debe presentar ante los legisladores su Plan de Trabajo para esta Administración.

"La PGR da la impresión de ir siempre atrás de los problemas que debe resolver. Esta maraña de estructuras y de relaciones intra-institucionales produjo, por su parte, incentivos para que las áreas de alto nivel actuaran aisladamente unas de otras", se indica en el documento.

"En la cultura institucional prevalece una marcada tendencia a las relaciones clientelares y de grupo. La organización se muestra lenta en sus procesos de toma de decisión y de comunicación y con una estructura que dificulta ampliamente su operación y que parece tener muchas dificultades para enfrentar cambios".

De acuerdo con el Plan, los sistemas de información de la PGR presentan graves deficiencias, incluso en materia de seguridad.

"Sistemas que se utilizan para dar soporte a las actividades de administración de la institución (...) tienen graves deficiencias y carecen, desde su concepción, de una orientación integral", refiere.

"Algunos sistemas mostraron también deficiencias importantes en la seguridad. Esto genera un uso ineficiente y segmentado de la información y por ello la incapacidad de utilizar, con las debidas medidas de seguridad, la información para el mejor desempeño de la institución".

México, 29 abr (EFE).- El exgobernador de Coahuila y expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira, vive en Sant Cugat del Vallés, localidad próxima a Barcelona (España), donde paga un alquiler de 3.500 euros al mes (55.320 pesos), informó hoy la prensa mexicana.

El diario Reforma publica hoy fotos de la casa donde vive Moreira, una propiedad de 700 metros cuadrados construidos en una finca de mil metros, que cuenta con seis habitaciones, una biblioteca de dos niveles, piscina cubierta y seis baños, y que paga de su salario de maestro y sus ahorros.

El político del PRI, maestro desde hace 27 años, explica en una entrevista que está inscrito como alumno en un programa de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) del que saldrá con una Maestría en Comunicación y Educación.

El coste del curso lo cubre en una "beca-comisión" el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de México, cuya expresidenta Elba Esther Gordillo fue encarcelada en febrero pasado por presunto desvío de fondos para su uso personal procedentes de las recaudaciones sindicales durante su mandato.

El diario explicó que los compañeros de clase de Moreira le definen como "una persona cercana y divertida, aunque reconocen que no sale de fiesta con ellos porque es un hombre casado y con familia".